Reseña

Partiendo de la doble dimensión, individual o colectiva, de la libertad de asociación, el autor de este libro, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, intenta dar respuesta a algunos de los problemas que suscita la exigua regulación del régimen interno de las asociaciones. ¿Deben organizarse éstas de puertas adentro, con arreglo a criterios democráticos? ¿Cabe invocar frente a una determinada asociación un supuesto “derecho de admisión”? ¿Prevalece el principio constitucional de igualdad sobre la autonomía asociativa o, por el contario, han de reputarse lícitos los criterios de admisión discriminatorios? Una vez examinadas estas cuestiones, el trabajo se detiene en el estudio de un aspecto hasta ahora descuidado: la protección jurisdiccional de los derechos (fundamentales o no) del socio y el posible control formal y/o material de las sanciones disciplinarias impuestas por los órganos de gobierno de la asociación. La discusión sobre los límites de la intervención judicial en los conflictos internos de las asociaciones se enmarca dentro de una reflexión sobre la necesidad de un concepto abierto y constitucionalmente apropiado de pluralismo, que no identifique autonomía con inmunidad. En todos estos frentes de investigación, el autor, además de repasar y ordenar la jurisprudencia española sobre el particular, tanto constitucional como ordinaria, toma buena nota de las tendencias jurisprudenciales que vienen apuntándose en otros ordenamientos.

En la segunda parte del libro se entra a analizar la problemática específica de los partidos políticos y los sindicatos, asociaciones voluntarias sometidas, entre nosotros, aun régimen especial. Se hace un esfuerzo por esclarecer el significado y alcance del requisito constitucional de una estructura y un funcionamiento interno democráticos, para descubrir, de este modo, las claves de una futura regulación legislativa. En estas asociaciones confluyen, a juicio del autor, dos exigencias: la democracia interna como principio organizativo y la adecuada tutela jurisdiccional de los derechos de los afiliados, que los sistemas de “justicia interna” no están en condiciones de garantizar.