Reseña
No es el prólogo a este Diccionario de Derecho Ambiental el momento ni el lugar adecuado para exponer en detalle el origen, ni la evolución Derecho Ambiental, su complejidad dado el sistema de pluralidad de fuentes y ni siquiera su carácter de Derecho autónomo, entendiendo por tal el sector del Ordenamiento que mueve conforme a principios jurídicos propios -inexistentes en otros sectores del Ordenamiento y a veces con ellos contrapuestos- y a que se mueve en todos los ámbitos de lo que tradicionalmente ha venido a categorizarse como Derecho público y privado.
Como fruto de esta evolución, el Derecho Ambiental moderno abarca, desde el punto de vista de la regulación sustantiva, todos los ámbitos de la actuación humana en cuanto susceptibles de incidir en el entorno, y así se manifiesta en las diversas voces de este Diccionario relativas al tratamiento jurídico de la protección ambiental en sectores muy diversos: agricultura y ganadería, biotecnología, caza y pesca, comercio internacional, energía, industria, minería, telecomunicaciones, turismo, transporte…
Así se ha puesto de relieve en el Derecho comunitario, donde la integración de las exigencias ambientales en los distintos campos de actuación se introdujo en el Tratado CEE por el Acta Única como un principio incluido en el Título de la protección ambiental (art.130 R), y ha ido adquiriendo desde entonces cada vez más preeminencia, hasta constitucionalizarse como uno de los principios generales inspiradores de toda actuación comunitaria en el artículo 6 del proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para Europa.
Su incidencia en los más variados ámbitos de la actividad humana hace que el Derecho ambiental esté integrado por distintas áreas del Ordenamiento jurídico. Forman así parte del Derecho ambiental, entre otros, el derecho de la conservación de la naturaleza (actualmente Derecho de la Biodiversidad), el derecho de la salud pública, el derecho del control de la calidad del aire, del suelo, del agua y del suelo, el derecho de control de los subproductos de los sistemas de producción, así como de los riesgos de los procesos de producción y de sus materias primas y productos.
A su vez, es un Derecho tanto público como privado ya que la norma ambiental de detalle no es sólo un mandato ejecutable mediante sistemas clásicos de derecho administrativo o penal, sino un valor paramétrico al que los actores ajustan su conducta mediante acuerdos colectivos, contratos individuales y otras técnicas civiles y mercantiles basadas por entero en la autonomía de la voluntad y en la libertad de contratación y de imputación de responsabilidades en una sociedad de mercado, creándose incluso negocios jurídicos especiales, en el sentido de que sólo existen en este campo del Ordenamiento: sistemas integrados de gestión, cambios de deuda por naturaleza, tráfico de emisiones, acuerdos de transferencia de material genético, etc., etc..